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Durante los últimos años, en algunas de las principales regiones productoras de porcino de Europa se está produciendo una profunda transformación estructural. Las causas, los instrumentos utilizados y el ritmo de transformación varían considerablemente de un país a otro. Países Bajos y Flandes han recurrido a programas públicos de cese voluntario, Alemania afronta una reconversión impulsada, entre otros factores, por las nuevas exigencias regulatorias, Dinamarca empieza a redefinir políticamente su modelo productivo y Suiza ha optado por mecanismos de autorregulación sectorial. A continuación, se analizan las principales particularidades de cada caso.
Países Bajos
Los Países Bajos representan el ejemplo más avanzado de intervención pública sobre la estructura de la producción ganadera europea. Desde comienzos de la década de los 2000, el país viene desarrollando políticas destinadas a reducir las emisiones de amoniaco y nitrógeno procedentes de la ganadería intensiva, especialmente en las regiones con mayor densidad animal y próximas a espacios protegidos.
El punto de inflexión se produjo en 2013, con la entrada en vigor de la normativa sobre alojamientos de bajas emisiones (Besluit emissiearme huisvesting), que obligaba a las granjas intensivas a invertir en sistemas destinados a reducir las emisiones de amoniaco. Para aquellos productores próximos a la jubilación o que no deseaban afrontar las inversiones necesarias para adaptar sus instalaciones, el Gobierno estableció mecanismos transitorios que permitían continuar la actividad durante un periodo limitado antes del cese definitivo.
La situación se aceleró tras la denominada crisis del nitrógeno, desencadenada por la sentencia del Consejo de Estado neerlandés de mayo de 2019, que obligó al Gobierno a buscar reducciones reales e inmediatas de las emisiones de nitrógeno, especialmente de amoníaco procedente de la ganadería. A partir de ese momento se aceleraron programas como el SRV (Subsidieregeling sanering varkenshouderijen), el primer gran esquema de compra y cierre voluntario dirigido específicamente al sector porcino. El interés superó ampliamente las previsiones iniciales. De las 502 solicitudes presentadas, 407 fueron finalmente aprobadas, lo que obligó al Gobierno a incrementar el presupuesto desde los 180 millones de euros inicialmente previstos hasta aproximadamente 455 millones. Las granjas participantes debían cesar completamente la actividad, retirar los animales y eliminar los purines en un plazo máximo de ocho meses desde la concesión de las ayudas.
Posteriormente llegarían los programas LBV y LBV-plus, aprobados por la Comisión Europea en 2023 y orientados a reducir las emisiones de nitrógeno procedentes del conjunto del sector ganadero. El programa LBV está dirigido a explotaciones de vacuno, aves y porcino, mientras que el LBV-plus se centra específicamente en las granjas consideradas grandes emisoras de nitrógeno. En ambos casos, los productores reciben compensaciones económicas a cambio del cierre definitivo de la actividad y de la renuncia a sus derechos de producción. En 2024 la Comisión Europea aprobó una ampliación presupuestaria que elevó la dotación del programa hasta los 1.102 millones de euros para el LBV y los 1.820 millones para el LBV-plus. Más de 1.300 ganaderos solicitaron acogerse a estos programas. En julio de 2026, la Comisión ha dado además luz verde a un nuevo programa dotado con 715 millones de euros destinado igualmente al cierre voluntario, definitivo e irrevocable de explotaciones ganaderas. La nueva convocatoria se dirige a microempresas y pequeñas y medianas explotaciones de vacuno de leche, porcino y aves, entre otras, situadas en zonas Natura 2000 o en un radio de hasta 1 km de estos espacios protegidos. Las ayudas cubrirán entre el 100 % y el 110 % de los costes subvencionables y estarán disponibles durante cinco años, con el objetivo de seguir reduciendo las emisiones de amoniaco y la deposición de nitrógeno sobre las áreas más sensibles.
Las consecuencias sobre la estructura productiva ya comienzan a ser visibles. Según la oficina estadística neerlandesa, el censo porcino cayó en 2025 por debajo de los 10 millones de animales por primera vez en 45 años, mientras que el número de granjas se redujo hasta las 1.900, un 7,1 % menos que el año anterior. Desde 2015 el número de granjas porcinas se ha reducido cerca de un 46 %, mientras que el tamaño medio de las granjas ha aumentado hasta aproximadamente 5.000 animales por explotación.
Bélgica
La región de Flandes, que acumula el 94% del censo porcino belga, ha seguido una estrategia similar, aunque centrada exclusivamente en el sector porcino. Con el objetivo de reducir considerablemente las emisiones de amoníaco en la región, el objetivo previsto es disminuir en un 30 % la cabaña porcina de Flandes para 2030.
Para ello en marzo de 2023 la Comisión Europea autorizó un programa dotado con 200 millones de euros para compensar a los productores que decidieran reducir o cesar completamente su actividad. En la primera convocatoria únicamente 156 de los cerca de 980 productores inicialmente elegibles solicitaron acogerse al programa, por lo que las autoridades flamencas decidieron flexibilizar los criterios de acceso, pasando de una puntuación de impacto del 0,5 % al 0,025 %. Esta puntuación refleja la deposición de nitrógeno que una granja genera sobre los espacios naturales cercanos y constituye el principal criterio para determinar si las granjas pueden acogerse al programa de cese voluntario. Esta reducción permitió ampliar el número potencial de beneficiarios hasta aproximadamente 3.000 productores. Tras esta segunda convocatoria, el programa alcanzó finalmente 366 granjas participantes, de las cuales 156 corresponden a la primera fase y otras 210 a la segunda.
Según la Vlaamse Landmaatschappij (VLM), las medidas adoptadas han supuesto una reducción de aproximadamente 370.000 plazas de porcino.
El proceso se enmarca dentro de una reducción más amplia del sector porcino flamenco. Con un censo por encima de los 6 millones de cabezas en 2012, la cabaña descendió hasta aproximadamente 5 millones de cerdos en 2024, uno de los niveles más bajos registrados en las últimas décadas.
Alemania
La situación alemana es diferente; esta no dispone actualmente de programas públicos específicos para financiar el abandono de la producción porcina comparables a los existentes en Países Bajos o Flandes. Sin embargo, el sector está inmerso en una profunda transformación estructural impulsada por el endurecimiento de los requisitos de bienestar animal, las inversiones necesarias para adaptar las instalaciones, la presión medioambiental y las consecuencias derivadas de la PPA y del incremento de los costes de producción tras la pandemia y la guerra de Ucrania, así como otros aspectos clave como la ausencia de relevo generacional.
Relativo a los alojamientos, uno de los principales elementos de cambio fue la implantación progresiva de las recomendaciones derivadas de la denominada Comisión Borchert, creada para diseñar el futuro de la ganadería alemana y mejorar las condiciones de los animales.
El 3 de julio de 2020 se modificó la Ordenanza alemana de Bienestar Animal en la Ganadería (TierSchNutztV). La normativa obliga a transformar las áreas de cubrición en sistemas de alojamiento completamente en grupo antes del 9 de febrero de 2029, garantizando, entre otros requisitos, una superficie mínima de 5 m² por cerda. Además, las salas de partos deberán convertirse en sistemas de libre movimiento con al menos 6,5 m² por cerda y un máximo de cinco días de confinamiento antes del 9 de febrero de 2036.
Muchos productores consideran que las inversiones necesarias resultan difíciles de amortizar en un contexto de elevada incertidumbre regulatoria y márgenes ajustados.
A fecha de 3 de mayo de 2026, el censo porcino se situó en alrededor de 21,0 millones de animales, una reducción de casi el 23% si comparamos 10 años atrás, si bien un 0,6% superior al mismo periodo del año anterior. Lo mismo pasa con el número de granjas, que en los últmos 10 años se ha reducido en un 40%, pasando de las 24.500 en 2016 a las 14.700 actuales. Esta evolución hacia granjas de mayor tamaño continúa: mientras que en 2016 una granja albergaba de media unos 1.100 cerdos, diez años después la cifra se situaba en alrededor de 1.400 animales por granja.
El resultado ha sido una intensa reducción del número de granjas porcinas durante los últimos años. El proceso está conduciendo a una concentración progresiva de la producción en un menor número de granjas de mayor tamaño y capacidad inversora.
Dinamarca
Dinamarca, uno de los mayores exportadores de carne de cerdo del mundo, ha iniciado un giro estratégico sin precedentes. Presionada por los objetivos climáticos y las demandas de bienestar animal, la industria porcina danesa afronta un proceso de reestructuración que incluye planes de reducción, reconversión y un freno drástico a la ganadería industrial intensiva.
Lo más singular del caso danés es que el debate sobre el modelo porcino llegó a marcar la última campaña electoral y entre otras consecuencias, el nuevo gobierno de coalición eliminó el Ministerio de Agricultura creando en su lugar un Ministerio de Naturaleza y Bienestar animal y llegó a un acuerdo político, conocido como "Det politiske grundlag for firkløverregeringen”, que incluye una serie de orientaciones estratégicas para el futuro de la producción porcina.
Entre los elementos más relevantes, el texto establece como objetivo a largo plazo que la producción porcina danesa se oriente principalmente a la cría de animales que puedan ser utilizados dentro del propio sistema alimentario del país. Esta formulación introduce una visión de mayor integración entre producción y consumo interno, sin detallar medidas operativas concretas ni calendarios de implementación.
En este contexto, el documento también prevé el inicio de una “firepartsaftale”, es decir, un proceso de diálogo a cuatro partes sobre el futuro de la producción porcina. Este marco de trabajo implicará la participación de actores del sector agrario, organizaciones ambientales y de bienestar animal, así como agentes relevantes del ámbito laboral y alimentario.
El acuerdo político incorpora además medidas relacionadas con la ordenación del territorio y la regulación ambiental que afectan de forma indirecta a la producción porcina. Entre ellas, destaca el refuerzo del papel de los municipios, que podrán rechazar la ampliación o la creación de nuevas explotaciones de producción porcina en base a evaluaciones que tengan en cuenta el impacto sobre la naturaleza, el medio ambiente y las comunidades locales.
Asimismo, el documento contempla un refuerzo de las políticas de bienestar animal en el sector ganadero, con medidas orientadas a mejorar el control y el cumplimiento normativo. Entre ellas se incluyen iniciativas sobre prácticas de producción, condiciones de cría y supervisión administrativa, en el marco de una mayor exigencia regulatoria.
En conjunto, el texto configura un enfoque político que combina objetivos estratégicos de largo plazo con un refuerzo del marco regulador y del diálogo sectorial, sin detallar todavía un modelo cerrado de transformación del sistema productivo porcino danés.
Suiza
Suiza es un caso interesante ya que es de naturaleza distinta a los otros cuatro: no es un plan medioambiental o de bienestar animal impulsado por el gobierno, sino una autorregulación sectorial frente a la sobreoferta.
A inicios de año el propio sector porcino suizo puso en marcha un mecanismo de autorregulación para frenar la sobreoferta que venía presionando los precios y deteriorando la rentabilidad de las granjas. La medida, impulsada por Suisseporcs y respaldada por el consejo de administración de Proviande, la interprofesional cárnica del país, consistía en una retención de 0,20 francos suizos por kilogramo de canal sobre los cerdos sacrificados. Lo recaudado alimentaba un fondo, gestionado por Proviande, destinado a "aliviar el mercado", es decir, desde el fomento de las exportaciones hasta el pago de primas a los ganaderos que redujeran sus plazas de cría, en un intento de ajustar la oferta a la demanda interna. Este último punto, sin embargo, no llegó a aprobarse en la asamblea extraordinaria de Suisseporcs del 27 de mayo de 2026 y fue rechazada por un estrecho margen.
