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Según la nueva legislación, todos los nuevos contratos de suministro de porcino deberán formalizarse por escrito de forma obligatoria, incluyendo cláusulas claras sobre precios, volumen y resolución de disputas. Un punto clave es que cualquier modificación de las condiciones deberá ser acordada por ambas partes.
De acuerdo con Tom Haynes, asesor principal de políticas de la National Pig Association (NPA), la normativa debería entrar en vigor a mediados de agosto, momento a partir del cual se aplicará a todos los nuevos contratos.
Los contratos existentes dispondrán de un periodo transitorio de 12 meses, hasta agosto de 2026, para adaptarse a la nueva regulación.
Elementos clave de la normativa:
- El comprador de cerdos deberá utilizar un “contrato de compra de porcino” por escrito que cumpla con estas regulaciones al adquirir animales de un vendedor cualificado.
- La duración del contrato podrá ser fija o indefinida (con renovación automática hasta que una de las partes lo rescinda).
- Los contratos deberán establecer un precio fijo, variable o una combinación de ambos. El Instrumento Jurídico (Statutory Instrument, SI) detalla cómo deben establecerse estos precios.
- Se incluye una cláusula para la revisión del precio en “condiciones excepcionales del mercado”.
- Un aspecto esencial es el cumplimiento del número de cerdos contratados tanto por parte del comprador como del vendedor. Se prevén medidas en caso de que el número suministrado no alcance el mínimo especificado.
- Los contratos deberán incluir cláusulas de fuerza mayor relacionadas con la recogida o entrega de los animales.
- También deberán contemplar un procedimiento para la resolución de conflictos. El Statutory Instrument describe su funcionamiento.
- En junio de 2024, el Gobierno designó a un Árbitro de la Cadena de Suministro Agrícola (Agricultural Supply Chain Adjudicator, ASCA) encargado de velar por el cumplimiento de estas normas, con capacidad para imponer sanciones o indemnizaciones, investigar reclamaciones y solicitar pruebas.
- Un vendedor cualificado podrá presentar una queja al Secretario de Estado si considera que el contrato no cumple con la normativa. Este podrá imponer una multa civil al comprador y exigir el pago de una compensación.
- El SI también establece el procedimiento de apelación.
- Además, el Secretario de Estado deberá revisar estas regulaciones y publicar un informe en un plazo de cinco años, evaluando si siguen siendo adecuadas o requieren modificaciones.
Defra ha señalado que esta legislación fomentará relaciones más sólidas entre productores y compradores, mejorando la coherencia, previsibilidad y resiliencia de la cadena de suministro, y protegiendo tanto a las empresas británicas como la seguridad alimentaria a largo plazo. También facilitará la planificación estratégica.
Estas normas para el sector porcino son la segunda iniciativa dentro de las reformas sobre prácticas comerciales justas previstas en la Ley de Agricultura de 2020, tras la mejora de los contratos lácteos en 2024. El Gobierno trabaja en legislaciones similares adaptadas para los sectores del huevo y productos hortofrutícolas frescos.
27 de mayo de 2025/ NPA/ Reino Unido.
https://nationalpigassociation.co.uk
