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En la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca celebrada el 26 de enero de 2026, la Presidencia chipriota presentó su programa de trabajo y prioridades para el primer semestre del año. La agricultura y la pesca fueron destacadas como motores económicos clave para las zonas rurales y costeras de Europa, al garantizar la seguridad alimentaria, apoyar la autonomía estratégica y contribuir a la gestión medioambiental y la resiliencia regional.
La Presidencia subrayó su compromiso con la promoción de un sector de producción primaria justo, competitivo y sostenible, al tiempo que impulsa un enfoque integral para el futuro de la Política Agrícola Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC). En este contexto, Chipre destacó la importancia de desarrollar marcos legislativos sólidos que ayuden a agricultores y pescadores a hacer frente a los impactos del clima, las perturbaciones del mercado, los riesgos para la sanidad animal y vegetal y el aumento de los costes de producción. Estos desafíos, según la Presidencia, representan una seria amenaza para la estabilidad y viabilidad de los sectores, por lo que avanzar en las propuestas legislativas pendientes constituye una prioridad absoluta.
Maria Panayiotou, ministra de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente de la República de Chipre, enfatizó que la agricultura, la pesca y la acuicultura ocupan un lugar central en la agenda de la Presidencia, con el objetivo de reforzar la competitividad, la sostenibilidad y el atractivo de los sectores agroalimentario y pesquero europeos.
Los ministros también debatieron sobre agricultura ecológica, centrándose en una propuesta para modificar el reglamento relativo a la producción ecológica en lo que respecta a las normas de producción, el etiquetado, la certificación y el comercio con terceros países. La propuesta específica de la Comisión fue acogida favorablemente en términos generales, y se expresó apoyo a la ambición de la Presidencia de alcanzar un acuerdo rápido. El objetivo es aplicar una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE y prorrogar los acuerdos de equivalencia con terceros países, al tiempo que se simplifica el marco legislativo para reducir cargas administrativas y costes. Hubo un amplio consenso sobre la necesidad de que las normas revisadas entren en vigor antes de finales de 2026, con el fin de garantizar seguridad jurídica a operadores y consumidores.
Por último, los ministros intercambiaron puntos de vista sobre los aspectos agrícolas, forestales y pesqueros de la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE presentada por la Comisión a finales de 2025. La estrategia fue valorada positivamente por sus posibles beneficios para las zonas rurales, la competitividad a largo plazo y la diversificación de ingresos de los agricultores. No obstante, varios ministros subrayaron la necesidad de salvaguardar la seguridad alimentaria y de armonizar y simplificar normas y procedimientos. La Presidencia utilizará estas aportaciones para contribuir a las conclusiones del Consejo sobre la Estrategia de Bioeconomía, cuya adopción está prevista por el Consejo de Medio Ambiente en marzo de 2026.
26 de enero de 2026 / Consejo de la Unión Europea / Unión Europea.
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