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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado, durante la apertura de la primera reunión del Consejo Asesor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) de este año, que la conversión de este organismo en agencia estatal se traducirá en “una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones”, lo que le permitirá “reforzar significativamente su capacidad inspectora”.
El ministerio quiere dar una respuesta rápida a una de las principales preocupaciones de los agricultores y ganaderos que se han movilizado estas semanas, el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena alimentaria en todos los eslabones, para que en las relaciones comerciales -sobre todo en las que participan los agricultores y ganaderos-, el precio sea digno, supere el coste efectivo de producción y asegure la viabilidad económica de los operadores.
La conversión en agencia estatal se producirá lo antes posible, bien a través de un texto legal ad hoc o mediante de una disposición adicional en la futura Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario
A lo largo de 2023, la AICA impuso un total de 382 sanciones a operadores de la cadena alimentaria, lo que supuso un aumento del 40,4 % en comparación con el año precedente. Casi la mitad de ellas -un 48 %- correspondieron a infracciones por incumplimiento de plazos de pago, sobre todo, en el eslabón mayorista.
Por sectores, los que registraron más infracciones con sanción fueron el de frutas y hortalizas, que acaparó 165, seguido del vitivinícola (96), el de aceite de oliva (40), bovino (37), aceituna de mesa (19) y lácteo (17).
A estas sanciones hay que sumar las aprobadas por los organismos autonómicos que también tienen competencias en el control y vigilancia del cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria. El año pasado impusieron 167 sanciones, un 33,6 % más que en 2022. Estas últimas han recaído principalmente en empresas del eslabón de la industria alimentaria.
3 de abril de 2024/ MAPA/ España.
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