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Entre los objetivos del anteproyecto se encuentran la modernización de las explotaciones agrarias y el refuerzo de su viabilidad económica, que han de ser compatibles con el equilibrio de las partes en el contrato. Las principales novedades incluyen, entre otros aspectos, el arrendamiento de explotaciones, la regulación de las cuotas de producción y la ampliación de la capacidad para arrendar, permitiendo ser arrendatario a cualquier persona física o jurídica e incluso a las Comunidades de Bienes, así como a los extranjeros con permiso de residencia permanente. Un aspecto decisivo es la duración del contrato, ya que se reduce el plazo, a falta de pacto entre las partes, a tres años, que será en todo caso la duración mínima del contrato, para dotar de una necesaria estabilidad a los proyectos de inversión. Cumplido el plazo, se sucederán prórrogas de tres años, en tanto las partes no denuncien el contrato. La nueva ley fomenta también la modernización de los regadíos, otorgando fuerza obligatoria a los acuerdos de las comunidades de regantes y suprime los derechos de adquisición (tanteo, retracto, adquisición preferente).
Viernes, 7 de noviembre de 2003/MAPA/España
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