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El caso se remonta a 1994 cuando Portugal concedió ayudas a sus productores porcinos que no fueron notificadas a la Comisión y en 1998 cuando las ayudas fueron ejecutadas antes de que la Comisión hubiera decidido si eran compatibles con el mercado común. En 2000 y 2001 la Comisión decidió que la mayoría de estas ayudas eran incompatibles con el mercado común y pidió su reembolso. Sin embargo, en 2002, el Consejo Europeo, tras una petición realizada por Portugal quince meses después del último pronunciamiento de la Comisión, decidió autorizar las ayudas.
Según la decisión del Tribunal de Justicia, el Consejo no puede autorizar cualquier medida de ayuda que haya sido declarada por parte de la Comisión. El dictamen del Tribunal confirma el papel central de la Comisión Europea en el control de las ayudas estatales.
Martes, 1 de julio de 2004/Meatnews
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