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Las entidades asesoras deberán llevar a cabo el diagnóstico de la situación y propuesta de mejoras en las explotaciones en materias relacionadas con la salud pública, sanidad animal y vegetal, bienestar de los animales, buenas condiciones agrarias y medioambientales, y, en el caso de los agricultores jóvenes, las materias relacionadas con el inicio de la actividad. Si bien todos los agricultores podrán acceder, de forma voluntaria, a los servicios de asesoramiento, la nueva normativa estipula que tendrán prioridad los agricultores que reciban más de 15.000 euros anuales en concepto de pagos directos, los titulares de explotaciones calificadas como prioritarias, así como los que tengan la condición de agricultor joven o mujer, los que hayan asumido compromisos agroambientales y los que participen en programas de calidad de los alimentos.
El texto aprobado contempla también la creación de un Registro Nacional de entidades con servicios de asesoramiento.
Viernes, 28 de abril de 2006/MAPA/España.
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