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ANTA solicita medidas excepcionales para apoyar a los transportistas
La Asociación Nacional de Transportistas de Animales Vivos (ANTA) solicita al Gobierno y a la Generalitat de Catalunya la adopción inmediata de medidas excepcionales para apoyar a los transportistas autónomos y a las empresas dedicadas al transporte de animales vivos de la especie porcina, afectados por las restricciones derivadas del foco de Peste Porcina Africana (PPA) detectado en la provincia de Barcelona.
Representantes de ANTA el gerente Marc Póo, el secretario general Pompili Roiger y la presidenta Isabel Pinto han mantenido diversas reuniones para trasladar la urgente necesidad de actuar ante la paralización y reducción de actividad que sufren numerosos profesionales del sector.
Qué solicita ANTA
- ANTA solicita la suspensión temporal de la cuota de autónomos para todos los transportistas autónomos especializados en el transporte de ganado porcino, afectados por las restricciones aplicadas en la provincia de Barcelona durante el tiempo en que permanezcan vigentes las medidas sanitarias que limitan su actividad.
- ANTA solicita la suspensión del pago de la cuota de la Seguridad Social para las empresas dedicadas al transporte de animales vivos de la especie porcina afectadas por las restricciones en la provincia de Barcelona, mientras estas permanezcan activas a causa de la PPA.
Un sector que requiere apoyo inmediato
Marc Póo, gerente de ANTA, afirma: “Solicitamos medidas urgentes y proporcionadas para garantizar la supervivencia de los transportistas afectados por esta situación excepcional”.
Añade además: “Las empresas y autónomos no pueden asumir cuotas cuando la actividad está limitada por motivos sanitarios ajenos a su voluntad”.
Y concluye: “Es imprescindible actuar con rapidez para evitar un impacto económico devastador en un sector estratégico para la cadena ganadera y agroalimentaria”.
Compromiso de ANTA
La Asociación reitera su disposición a colaborar con las administraciones para articular soluciones eficaces que permitan reducir el impacto económico de las restricciones y garantizar la continuidad de un servicio esencial para el bienestar animal y la bioseguridad.