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TSJ

nortecastilla.es

1 02-mar-2007 14:38 (hace 17 años 1 meses 24 días)

El TSJ anula la licencia a las granjas porcinas de Castileón El tribunal considera que la empresa ni se ha ajustado al proyecto ni ha implantado las plantas para los purines El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha anulado en una sentencia firme dos acuerdos del Ayuntamiento de Guardo del 4 de febrero del 2003 por los que se concedió a la empresa Castileón 2000 la licencia de apertura para la explotación de las dos granjas porcinas en las localidades de Intorcisa y San Pedro de Cansoles. La sentencia acepta los planteamientos del recurso contencioso administrativo que ha planteado un vecino cuya residencia se encuentra cerca de ambas localidades por las molestias que, según ha argumentado, provoca la actividad de las granjas, actualmente propiedad de la sociedad segoviana Proinserga. También los vecinos de ambas poblaciones denunciaron los hechos ante el Juzgado de lo Contencioso de Palencia, que desestimó sus pretensiones. Ahora, el TSJ argumenta que las dos granjas de cerdos no se han ajustado de manera completa al proyecto aprobado ni a las medidas correctoras previstas en las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental para el tratamiento de los purines, tal y como se recoge en el propio informe técnico municipal. La resolución también considera que aunque las licencias se han concedido condicionadas al cumplimiento de las medidas correctoras en el plazo de un año, la autorización de apertura solo procede cuando se garantice con carácter previo al inicio de la actividad que la instalación se ajusta al proyecto aprobado y a las medidas adicionales impuestas en la licencia de actividad, en este caso, a las contempladas en las respectivas evaluaciones de impacto ambiental. El recurso contencioso administrativo ha sido interpuesto por el abogado Simón López Quero, vecino de la localidad leonesa de Valcuende, colindante a Guardo, que ayer se mostró muy satisfecho con la sentencia y que ya anunció su intención de solicitar su ejecución al Ayuntamiento guardense, lo que de llevarse a efecto en estos términos implicaría el cierre de las granjas al carecer de licencia. No es éste el único pleito judicial que afronta Castileón 2000, ya que el Juzgado de Cervera ha imputado once personas por un presunto delito contra el medio ambiente y otro por daños como consecuencia de los vertidos de purines de las granjas porcinas, que se efectuaron en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2003, cuando supuestamente se arrojaron purines y otros residuos que llegaron hasta el río Valdavia y a otros arroyos de la zona. Los vertidos corresponden a la etapa anterior a la compra de Castileón por Proinserga.
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