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El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía, que marcará las directrices de un sector que supone el 8% del Producto Interior Bruto (PIB), el 10% del empleo de la comunidad y más de la tercera parte del total de sus exportaciones.
El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas pioneras en España en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.
Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, la responsabilidad recaerá solidariamente no solo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos.
La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros.
El régimen disciplinario incluido en el proyecto de ley también abre la posibilidad de que, siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, se dé publicidad de las sanciones junto al nombre de las empresas y de las personas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto en el caso de venta por debajo del precio de mercado.
Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.
Otra de las novedades del proyecto es la elaboración del Estatuto de las Personas Empresarias Agricultoras y Agroindustriales, que promoverá el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural, así como la obtención de retribuciones justas por el desempeño de sus actividades.
Este documento también establecerá deberes como gestionar adecuadamente los residuos y llevar a cabo las buenas prácticas en todas las explotaciones, no solo en las receptoras de ayudas de la Unión Europea; ejercer la actividad agraria o agroindustrial atendiendo a la función social de la propiedad y con subordinación al interés general, y hacer un uso racional, sostenible y eficiente de los medios y recursos de producción, en particular de los no renovables.
Otra de las novedades es la creación del Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, que contribuirá a mejorar la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal, así como a luchar contra el fraude.
Martes, 24 de abril de 2018/ Junta de Andalucía/ España.
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