Maíz blanco: Gobierno y sector productivo firman acuerdo para dar certidumbre y orden al mercado nacional

Con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; los titulares de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de la Secretaría de Hacienda; así como productores, empresas compradoras y compañías proveedoras de insumos, se firmó el acuerdo del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco.

El nuevo esquema busca garantizar precios justos al productor, certidumbre en la comercialización y mayor planeación de las cosechas nacionales de maíz blanco.

El programa contempla un esquema de precio justo para productores de maíz en estados clave como Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala, Campeche y Sinaloa, beneficiando a cerca de 61 mil productores y un volumen comercial estimado en 7 millones de toneladas.

Para los pequeños productores con menos de cinco hectáreas, la atención continuará mediante los precios de garantía de Alimentación para el Bienestar.

Uno de los componentes centrales será la instalación de mesas de trabajo para definir compras anticipadas de las cosechas Primavera-Verano 2026 y Otoño-Invierno 2026/2027.

Los acuerdos se establecerán 45 días antes del inicio de las siembras, bajo bases regionales de comercialización consideradas justas, con el objetivo de asegurar la salida de las cosechas nacionales y evitar que sean desplazadas por importaciones. En este esquema participarán compradores de consumo humano y pecuario.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda respaldará mecanismos de cobertura ante riesgos de precios futuros y fenómenos climáticos, mientras que las empresas de semillas, fertilizantes y plaguicidas participarán con compras consolidadas y precios competitivos para los productores.

El esquema de compras anticipadas será voluntario.

Comentarios y análisis

La propuesta refleja un cambio relevante en la política agrícola al retomar mecanismos orientados a brindar certidumbre de ingreso y rentabilidad al productor de maíz.

El modelo plantea que el gobierno actúe como facilitador de un ingreso mínimo mediante coberturas de precios y seguros climáticos, reduciendo parte de la volatilidad que históricamente enfrenta el sector agrícola.

Al mismo tiempo, las empresas consumidoras podrán planear con mayor anticipación sus compras de cosechas nacionales a precios de mercado, fortaleciendo el abasto interno y la integración de cadenas productivas.

Retos identificados por GCMA

• Garantizar que el precio justo anunciado realmente asegure rentabilidad al productor en un entorno de alta volatilidad de mercado.
• Lograr un funcionamiento eficiente y transparente de las mesas de negociación entre productores, compradores y SADER para definir bases regionales de comercialización.
• Consolidar un esquema efectivo de contratación anticipada de cosechas que otorgue certidumbre comercial tanto a productores como a compradores.
• Alcanzar reducciones reales en costos de producción mediante compras consolidadas de semillas, fertilizantes y agroquímicos.
• Implementar de manera eficiente los mecanismos de administración de riesgos por parte de la SHCP en materia de precios, riesgos climáticos y variaciones en el tipo de cambio.
• Garantizar la comercialización de las cosechas nacionales en estados con excedentes productivos y evitar desplazamientos por importaciones.