Página 4 de Artículos sobre eliminación

Se utilizan cuatro métodos principales de gestión de los cadáveres: entierro, incineración, desollado y compostado.

Se han analizado tres situaciones hipotéticas relativas a lo que se ha definido como tipo corporal

Enric Marco trata sobre la destrucción de cadáveres y las normas de bioseguridad que hay que aplicar a su recogida

La eliminación de cadáveres de animales se ha convertido en un tema importante en el ámbito mundial como consecuencia de la crisis de la BSE (encefalopatía espongiforme bovina) y de varios escándalos alimentarios ocurridos recientemente. La legislación de la UE (EC) Nº 1774 / 2002, vigente desde el 30 de abril de 2003, establece reglas para la manipulación de subproductos animales no destinados al consumo humano. Así pues, debido al riesgo de dispersión de patógenos y/o residuos, los subproductos animales deben ser procesados, almacenados y mantenidos en instalaciones autorizadas y supervisadas.

A raíz de la publicación del Reglamento de la CE nº 1774/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de Octubre de 2002 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano, se ha creado una importante polémica, no sólo por la arbitraria clasificación de estos subproductos en tres categorías genéricas, sino por la prohibición del enterramiento, que en cierta medida podría estar justificada, y la limitación extrema de otros tratamientos de los cadáveres que realmente pueden ser absolutamente seguros desde el punto de vista tanto sanitario cómo medioambiental.

El anterior marco legislativo referente a regulación de explotaciones porcinas, el Real Decreto español 1.048/1994 de 20 de Mayo, hacía referencia a las normas mínimas para la protección de los cerdos. Concretamente disponía unas superficies mínimas para cada tipo de animal en función de su peso y prohibía las nuevas instalaciones con cerdas atadas (a partir del 1 de enero del 1996). También introducía por vez primera el concepto de las inspecciones comunitarias para asegurar el cumplimiento de las normas mínimas de bienestar i de sanidad porcina. En el Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo incorpora conceptos hasta ahora no regulados por ninguna normativa española a nivel estatal.