Sector porcícola mexicano pide diálogo técnico con la ONU tras señalamientos sobre sustancias tóxicas

La Organización de Porcicultores de México (OPORMEX) emitió el 24 de marzo de 2026 un comunicado en respuesta a las declaraciones preliminares de Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, quien el 20 de marzo exigió a los tres niveles de gobierno declarar una emergencia ambiental en la Península de Yucatán por los efectos de las granjas porcícolas en acuíferos y comunidades mayas. El gremio rechazó lo que calificó como generalizaciones que no reflejan la complejidad ni la diversidad de la actividad productiva en el país, y convocó al Relator a establecer un diálogo técnico directo con el sector.

Orellana, quien realizó una visita oficial de 12 días a México que incluyó recorridos por Yucatán, señaló en su conferencia del 20 de marzo la existencia de más de 500 granjas porcícolas en la región, algunas con hasta 50 000 animales, muchas de ellas sin autorizaciones ambientales. El Relator alertó sobre la contaminación de acuíferos por excretas, aguas residuales con hormonas y antibióticos, y señaló que el suelo kárstico de la Península facilita la filtración de contaminantes hacia las reservas de agua subterránea. También cuestionó la ausencia de procesos de consulta previa a comunidades mayas y documentó casos de criminalización de defensores del territorio. Su informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

OPORMEX, por su parte, señaló que miles de unidades de producción en México operan bajo marcos regulatorios establecidos y han avanzado en incorporación de tecnología, tratamiento de residuos y mejores prácticas ambientales, en línea con los ejes estratégicos de la Visión 2035 y el Plan México para la Porcicultura. El gremio lamentó que el Relator no haya consultado directamente al sector antes de emitir sus conclusiones preliminares, y reiteró su disposición a abrir las puertas a cualquier visita o solicitud de información. Reconoció que la actividad "es perfectible" y que existen retos que deben atenderse, pero exigió que cualquier evaluación distinga entre niveles de cumplimiento y analice las condiciones específicas de cada unidad productiva.

La posición del sector porcícola organizado en Yucatán, representado por la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Mérida, fue en la misma dirección: exigió que Orellana haga público el protocolo de consulta utilizado antes de emitir sus declaraciones, y recordó que Yucatán produce aproximadamente el 12 % de la carne de cerdo nacional y emplea de forma directa e indirecta a más de 30 000 personas en la cadena de valor.